La guerra por el pasaje.

1 11 2008

La corrupción y las componendas entre autoridades de la ciudad de México con concesionarios de microbuses (y más en año electoral) las pagan los ciudadanos.

El peligro que enfrentan miles de personas que a diario se ven obligadas a utilizar el servicio de los microbuses para trasladarse de un punto a otro de la ciudad de México, no se entendería sin la corrupción y arreglos a los que llegan servidores públicos de distinto nivel con los líderes de las diferentes rutas, en lo que se conoce vulgarmente como “intercambio de favores’’.

El trato es sencillo y se vuelve más evidente en año electoral, como el que corre. El aspirante a un cargo de elección entra a la negociación con los poderosos señores del transporte en situación de desventaja. Como buscar el apoyo de los cerca de 30,000 dueños de concesiones, de sus chóferes y familiares, asume compromisos que no puede anular cuando llega al cargo, entonces no le queda otra más que hacerse de la vista gorda ante los abusos y el desorden que reina en el servicio diario a la ciudadanía.

Desde el otro lado, los dueños de unidades se han convertido en verdaderos explotadores. Sin ofrecer ninguna prestación, exigen cuentas que están fuera de toda realidad a sus chóferes, quienes con poca o nula capacitación, ni tardos ni perezosos, salen a las calles a disputarse el pasaje, sin medir el peligro en el que colocan a los pasajeros.

A la guerra por el pasaje que arroja, invariablemente, resultados como el accidente que tuvo una unidad de la Ruta 27, en el que fallecieron dos personas y varias más resultaron lesionadas, a lo que se deben sumar otros factores que aumentan el riesgo de los pasajeros, como la actuación de la delincuencia y la detección de consumo de drogas entre algunos operadores.

¿Entonces, en manos de quién están los usuarios de los microbuses? El diputado Jacobo Bonilla, del PAN, dio cuenta de un panorama nada positivo. Como secretario de la Comisión de Transporte y Vialidad de la ALDF afirma: “Los inspectores encargados de vigilar las rutas de microbuses toleran y permiten irregularidades a cambio de la exigencia de una cuota económica de recuperación’’.

Agrega que la negligencia de las autoridades de la Setravi para cubrir la corrupción e ineficiencia de sus funcionarios se traduce en prácticas deshonestas, como aceptar documentación “maquillada” para pasar la revista anual o impedir que se fomente la renovación y mantenimiento de unidades, además de anteponer el interés político del GDF para lograr la contención de tarifas en detrimento de la seguridad de los usuarios.

Bonilla aseveró que existe un grupo de alrededor de 200 inspectores encargados de vigilar a cada una de las rutas de microbuses que toleran y permiten cualquier tipo de irregularidad a cambio de una cuota económica y como ejemplo del desorden y caos que priva en ese medio de transporte, citó que sólo 30% de las unidades pasaron la revista anual, el resto utiliza documentos “maquillados’’.

Y lo que faltaba y que resulta evidente: “Existen unidades en un estado físico y mecánico deplorable, con riesgo a que se registren más accidentes; las unidades deben tener una antigüedad no mayor de 10 años, pero sólo 8,000 han sido sustituidas por autobuses. El resto cuenta con más de 13 años de antigüedad‘’. [Fuente]

 


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